Universidad Católica
El diccionario de la Real Academia define “católico” como “universal, que comprende o es común a todos”. Define también “universidad” como “institución de enseñanza superior que comprende diversas facultades, y que confiere los grados académicos correspondientes.” Podría deducirse que una “universidad católica” sería una institución de enseñanza superior inclusiva, abierta a todas las corrientes de pensamiento, capaz de congregar alumnos y profesores que representen la diversidad de grupos sociales que constituyen el país.
Con este criterio, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), entre otras, podría haberse calificado como “universidad católica” hace seis decenios. En los años que estuve en la UNI, de 1961 a 1965, los alumnos nos beneficiamos de una gran variedad de puntos de vista. Por ejemplo, en la facultad de ingeniería industrial tuvimos como profesores de economía a Germán de la Fuente Herrera, propulsor de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio; Luis Felipe de las Casas, ilustre economista de acendrada filiación aprista; y a Luciano Castillo, fundador del Partido Socialista Peruano. Además, entre mis compañeros de clase tuvimos hijos de adinerados empresarios y comerciantes, de funcionarios públicos y profesionales de clase media, y de obreros y miembros de comunidades indígenas, estudiando los mismos cursos, compartiendo experiencias y aprendiendo sobre otras formas de vivir.
Esto no duró mucho. Hacia fines de los sesenta, la predominancia de grupos políticos de izquierda, intolerantes y excluyentes, distorsionó la vida universitaria, plagándola de huelgas y convirtiéndola en refugio de extremistas. El exiguo presupuesto proveniente del Tesoro Público deterioró la calidad de la enseñanza y la infraestructura educativa. Como resultado, los estudiantes de mejor situación económica se trasladaron a universidades privadas, dejando a la UNI como un espacio para estudiantes de menores recursos. Algo similar sucedió con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y otras entidades públicas de educación superior.
Encontrar a una institución que corresponda a esta definición de “universidad católica”, en la cual estén representados diversos grupos sociales y maneras de pensar, no es fácil en la actualidad. La proliferación de universidades públicas y privadas ha fragmentado al estudiantado; es más común encontrar alumnos de determinado estrato o grupo social en una u otra universidad, y mucho menos frecuente ver la variedad intelectual que debería caracterizar a una institución de educación superior.
Una excepción a esta regla es la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). En gran medida, ha logrado mantener la diversidad de perspectivas intelectuales y de procedencia de los estudiantes que es esencial para ofrecer una formación integral e integrante. Esto permite que jóvenes de distintos orígenes se reconozcan mutuamente como ciudadanos de un Perú con una identidad cultural pluralista y en continuo despliegue. Recuerdo conversaciones con Felipe McGregor, quien fuera Rector de la PUCP durante muchos años, acerca de la necesidad de una cultura de paz basada en el reconocimiento del “otro” como igual, la tolerancia y el respeto a los derechos humanos. Esto ha sido un rasgo fundamental de la PUCP durante los últimos decenios, que la distingue de otras instituciones de educación superior.
Confío en que la reciente controversia con el Cardenal Primado del Perú y Arzobispo de Lima —centrada en el carácter “pontificio” de la PUCP, en su sujeción al derecho canónico y a la ley universitaria peruana, y en la administración de las propiedades legadas por uno de sus principales benefactores— no afecte la manera en que la PUCP ha venido funcionando. Me sorprende que, luego de decenios en que no se había suscitado controversia alguna entre la administración eclesiástica y las autoridades universitarias, el Cardenal, sus allegados y sus abogados, hayan decidido cuestionar la manera en que se conduce la universidad y entablar pleito por la gestión de su patrimonio. Más aún, la orientación ideológica de los cuestionadores y pleitistas, evidenciada con meridiana claridad en múltiples intervenciones desde el púlpito, parecería indicar un interés en sesgar la forma en que la PUCP ha venido operando y en alinearla con su propia ideología.
Esperemos que esto no suceda y que, con los buenos oficios del mediador enviado por el Papa, se llegue a un acuerdo que preserve las características esenciales de la PUCP. De otra manera podríamos llegar a una situación como la que experimentó la UNI hace medio siglo, cuando perdió su carácter de punto de encuentro de una diversidad de ideas y grupos sociales, pero con la orientación ideológica opuesta.